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Filtración del Internet en Bibliotecas Públicas EEUU

Un tribunal del estado de Washington apoyó a la decisión de una biblioteca pública en el filtro de contenido de Internet, indicando que tal filtración podría ser considerado "desarrollo de la colección".

De acuerdo con un artículo en Library Journal, La decisión es la primera de su clase y "puede llevar a algunos a adoptar las bibliotecas de Internet más estrictas políticas de filtrado."

Lo preocupante es el hecho de que más de 75 millones de personas dependen de la biblioteca para acceso a Internet y, que la biblioteca pública se ha convertido en "un centro vital digital".

La decisión responde a la pregunta de "si una biblioteca pública [...] puede filtrar el acceso a Internet para todos los clientes sin desactivar el filtro para permitir el acceso a los sitios Web que contengan lenguaje protegidos por la Constitución a solicitud de un patrón de la colección de adultos." De los 9 jueces de emitir el dictamen, sólo tres ofrecieron una disidencia.

"La razón es simple: en la determinación de la composición de sus colecciones, las bibliotecas públicas disponen de recursos limitados, incluyendo computadoras, algunas bibliotecas, en este caso sólo tienen uno o dos. Las bibliotecas públicas pueden determinar - mediante un filtro - entre los materiales educativos e informativos y que materiales son apropiados para las colecciones de las bibliotecas. "

Reconoce que "la gran mayoría de lo que la censura es la palabra de las capturas de bajo valor", pero que "El filtro debe ser removido en el petición de un patrón de adultos. Las preocupaciones de que un niño pueda ver algo desafortunado en la pantalla debe ser tratado de una manera menos draconianas ".

Aunque la sentencia decide que el filtrado no constituye una forma de censura previa, reconoce que puede quitar el filtro, a veces, tomar hasta el día siguiente si no más. Si bien esto puede parecer razonable, si una persona tiene menos acceso a la información que otro, simplemente porque se basan en la biblioteca pública como un punto de información en lugar de comprarlo por su cuenta?

Ver Original : http://www.nytimes.com/external/readwriteweb/2010/05/07/07readwriteweb-court-says-internet-filtering-in-public-lib-32785.html

Cuarenta autores publican un libro en Francia contra la ley Hadopi


Cuarenta autores, desde diputados y periodistas a sindicalistas y líderes de organizaciones de internautas, han publicado en Francia un libro, La bataille Hadopi, contra la ley francesa que permite cortar el acceso a Internet a quienes persistan, tras dos avisos, en la descarga de archivos protegidos por derechos de autor. Entre los autores figuran Jacques Attali (director de PlaNet Finance), Jérôme Bourreau-Guggenheim (antiguo responsable de innovación de la web de TF1, despedido por sus posiciones contrarias a la ley), Laurent Chemla (informático acusado de piratería a través de Minitel), Daniel Cohn-Bendit (diputado europeo, miembro de Europa Ecologie), Richard M. Stallman (líder del movimiento del software libre) y Jérémie Zimmermann (cofundador de La Quadrature du Net)

Las reclamaciones ante Protección de Datos crecieron un 45% en 2008

Las reclamaciones de los ciudadanos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por considerar vulnerados sus derechos a la privacidad crecieron más del 45% en 2008, según ha anunciado durante la presentación de la memoria del organismo su director, Artemi Rallo.
De las 2.362 denuncias que presentaron los ciudadanos, la mayor parte se referían a empresas del sector de las telecomunicaciones, a entidades financieras y a sistemas de videovigilancia.
Las quejas en telecomunicaciones se fundamentan sobre todo en la recepción de spam (publicidad no deseada) telefónico y en la incorporación a servicios de tarificación adicional sin consentimiento previo; las de los bancos se centran en la inclusión en los ficheros de morosidad o en el incumplimiento el deber del secreto con el cliente; y las de videovigilancia por considerar que se trata de una intromisión en la intimidad y la privacidad.
Durante 2008 y como resultado de estas denuncias, la Agencia de Protección de Datos inició un 58% más de procedimientos sancionadores que el año anterior, que culminaron con un montante total de 22,6 millones de euros en multas (el 75% de ellas por sanciones "graves", el 18% "leves" y 7% "muy graves").